El condado de Miami-Dade se ha convertido en el primer estado de Florida en frenar los pedidos de detención de inmigrantes que formulan las autoridades federales amparadas en el programa Comunidades Seguras, implementado desde 2008. La aprobación de esta normativa limita la colaboración de las autoridades del condado con el gobierno nacional para detener a inmigrantes que viven sin autorización legal en Estados Unidos y dejaría en libertad a cientos de personas que permanecen encarceladas por delitos menores.
“Hoy estamos aquí celebrando una gran victoria… estamos muy felices. No podríamos estar más contentos“, expresó Saraí Portillo, activista del Centro de Trabajadores de Miami. “La comunidad puede confiar ahora en que la policía no los entregará a la migra (autoridades de inmigración)”, dijo en una conferencia de prensa realizada en el Centro de Gobierno Stephen Clark del centro de la ciudad.
Además, la legislatura del condado de Miami-Dade aprobó por unanimidad una resolución que obliga al gobierno nacional a reembolsar al condado de Miami-Dade el dinero correspondiente a las detenciones (142 dólares por detención) como condición para que las autoridades locales respeten las órdenes de detención federales.
“Obviamente los inmigrantes en nuestra comunidad que viven aquí desde hace años pagan impuestos, tienen niños estadounidenses y han cometido infracciones menores, como infracciones de tránsito, son los principales beneficiarios (de la normativa)”, manifestó Cheryl Little, directora ejecutiva de la organización de ayuda a inmigrantes Americans for Immigrant Justice. Beneficiados Aclaró, sin embargo, que “toda la comunidad se beneficia porque muchos inmigrantes tienen miedo de reportar delitos a la policía (por temor a ser detenidos y deportados), sean víctimas o testigos de delitos. Y eso hace que todos estemos menos seguros“.
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